Por la ley de medios.
(Los abajo firmantes) apoyamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque entendemos que la actual concentración de medios de comunicación en manos de monopolios privados cercena el derecho a la información de nuestra sociedad, avasallando una de las conquistas más importantes y colectivas de la democracia, como es la libertad de expresión, en nombre de la defensa de sus intereses particulares. También entendemos que los binarismos no sirven para llevar adelante un debate productivo sobre esta ley fundamental, porque es una ley que trascenderá a los mismos actores en disputa. Ni el Gobierno ni la oposición ni las empresas monopólicas tienen las mismas responsabilidades, frente a una creciente demanda social de reforma del sistema de medios audiovisuales.
Porque más allá del contexto en que el debate se produce -originado en parte por los intereses que afecta el proyecto de ley- es inaceptable que la comunicación audiovisual siga regulada por una ley que, impuesta bajo la dictadura, cuenta hoy entre sus defensores a entidades como ARPA y ATA, que en ese momento eran parte de la autoridad de aplicación, y que hoy se envanecen en nombre de “la libertad”.Porque es necesario incorporar la mayor cantidad de gente posible, a través de organizaciones intermedias, a la gestión de los medios y de sus contenidos, y que el Estado garantice una mayor pluralidad, a través de los canales institucionales amparados en la Constitución Nacional y no por intermedio de los intereses económicos de los particulares que, en nombre de la libertad de expresión, aprovechan su desregulada participación en el mercado para manipular la información a los fines de preservar su poder económico y político.
En ese sentido, entendemos al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como una oportunidad histórica de fortalecer la democracia, tanto en lo que respecta a sus instituciones como a las posibilidades de participación. Desmonopolizar mejora la calidad de vida democrática porque impide que un solo actor determine la agenda de la conversación pública liberando también a los trabajadores de esos medios monopólicos de las garras de un solo patrón. A su vez no hay democracia posible si los poderes que de ella surgen no garantizan una pluralidad de voces real, que dé cuenta de la polifonía de una sociedad que requiere de la participación de todos sus actores. Libertad de expresión entendida como participación pública de toda la sociedad, de un Estado que la garantiza, y no como construcción comunicacional de los negocios y acuerdos que se hacen puertas adentro. Una ley que garantiza mayor transparencia en la producción y circulación de contenidos, que la ley que nos legó la dictadura y aún hoy sufrimos.
Esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual será una Ley de la Democracia, fruto de dos décadas de debates, celebrados en foros, universidades nacionales y entidades de bien público que entienden al derecho a la información libre, plural e independiente como un paso más en la mejora de la calidad institucional y política de una sociedad. A 26 años del fin de la dictadura cívico-militar, se impone la necesidad de revalorizar la libertad de expresión en nombre de los intereses colectivos. Una ley que abra la posibilidad de convertir a la información en un bien público y no en un negocio que ha demostrado responder no sólo a la remanida libertad de empresa, sino a la imposición de políticas y agendas propias de un totalitarismo de mercado que se sustenta en la desinformación y la manipulación de un derecho adquirido por la sociedad en su conjunto.
Porque más allá del contexto en que el debate se produce -originado en parte por los intereses que afecta el proyecto de ley- es inaceptable que la comunicación audiovisual siga regulada por una ley que, impuesta bajo la dictadura, cuenta hoy entre sus defensores a entidades como ARPA y ATA, que en ese momento eran parte de la autoridad de aplicación, y que hoy se envanecen en nombre de “la libertad”.Porque es necesario incorporar la mayor cantidad de gente posible, a través de organizaciones intermedias, a la gestión de los medios y de sus contenidos, y que el Estado garantice una mayor pluralidad, a través de los canales institucionales amparados en la Constitución Nacional y no por intermedio de los intereses económicos de los particulares que, en nombre de la libertad de expresión, aprovechan su desregulada participación en el mercado para manipular la información a los fines de preservar su poder económico y político.
En ese sentido, entendemos al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como una oportunidad histórica de fortalecer la democracia, tanto en lo que respecta a sus instituciones como a las posibilidades de participación. Desmonopolizar mejora la calidad de vida democrática porque impide que un solo actor determine la agenda de la conversación pública liberando también a los trabajadores de esos medios monopólicos de las garras de un solo patrón. A su vez no hay democracia posible si los poderes que de ella surgen no garantizan una pluralidad de voces real, que dé cuenta de la polifonía de una sociedad que requiere de la participación de todos sus actores. Libertad de expresión entendida como participación pública de toda la sociedad, de un Estado que la garantiza, y no como construcción comunicacional de los negocios y acuerdos que se hacen puertas adentro. Una ley que garantiza mayor transparencia en la producción y circulación de contenidos, que la ley que nos legó la dictadura y aún hoy sufrimos.
Esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual será una Ley de la Democracia, fruto de dos décadas de debates, celebrados en foros, universidades nacionales y entidades de bien público que entienden al derecho a la información libre, plural e independiente como un paso más en la mejora de la calidad institucional y política de una sociedad. A 26 años del fin de la dictadura cívico-militar, se impone la necesidad de revalorizar la libertad de expresión en nombre de los intereses colectivos. Una ley que abra la posibilidad de convertir a la información en un bien público y no en un negocio que ha demostrado responder no sólo a la remanida libertad de empresa, sino a la imposición de políticas y agendas propias de un totalitarismo de mercado que se sustenta en la desinformación y la manipulación de un derecho adquirido por la sociedad en su conjunto.
(Venía con y pedía firmas, me parecieron prescindibles)
